Entre la media docena de discursos que dio el presidente Gustavo Petro la semana pasada, apareció el nuevo némesis. El mismo al que Nicolás Maduro calificó como “archienemigo” poco después del fraude electoral, también en alguna parte de sus seis o siete discursos de esos días. El multimillonario trumpista al que la justicia brasileña intenta meter en cintura. El dueño de X. El trol que compró Twitter.
“Ahora donde yo me expreso hay un señor proclive a los nazis: Elon Musk o como se pronuncie. En cualquier momento él cierra mi cuenta. Y entonces la tesis de Pinochet, silenciar antes de la barbarie, se aplica”, dijo el Presidente en su verbo cada vez más laberíntico. Sus palabras se oyeron en el ‘Encuentro de medios alternativos, comunitarios y digitales’, un evento de 1.500 personas que por momentos parecía más bien el alistamiento de un contingente para la defensa pública de Petro en emisoras regionales, páginas web y tribunas en redes sociales.
Que Petro y Maduro hayan encontrado en Musk un antagonista para reciclar sus arengas contra la hegemonía mediática es apenas obvio (que lo hubieran hecho en actos casi sucesivos, sin duda, diciente). Bajo el mando del fundador de Tesla, Twitter se volvió un proyecto político conservador, reaccionario y hostil. Y aunque nada le interesa menos a Musk que sacar a los presidentes latinoamericanos de su plataforma –juglares protagónicos en el show de su circo–, la doble condición que ostenta de influenciador global de derecha y dueño del aviso, se ha vuelto un desafío democrático y un asunto de Estado.
En Brasil, X completa dos semanas bloqueado. De tiempo atrás, la plataforma venía incumpliendo órdenes judiciales de remoción de contenido y suspensión de cuentas, muchas de ellas relacionadas con la insurrección en Brasil de enero del año pasado. A imagen y semejanza del asalto al Capitolio en Washington en 2021, los seguidores del entonces recién derrotado Jair Bolsonaro se atrincheraron en X y en plataformas de mensajería para difundir desinformación, repartir amenazas e intimidaciones, y coordinarse.
En ambos casos hay muchas preguntas sobre la relación entre esas actividades en línea y los desmanes en las calles, y las investigaciones judiciales son etapa obligada para resolverlas. No obstante, en Brasil se convirtieron también en la herramienta para cobrar deudas políticas con el bolsonarismo y reparar el ego herido. Según Folha de Sao Paulo, el poderoso juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, abrió investigaciones a simples críticos y manifestantes, y ofició a X para que suspendiera la cuenta del cantante gospel Davi Sacer, que había compartido videos de unas protestas en Nueva York en su contra. A la usanza de líderes de izquierda y derecha del continente, Bolsonaro ha puesto a los jueces en la mira de la indignación de su base.
Los requerimientos oficiales del Supremo Tribunal hacia X se han conocido con pelos y señales por X. Apenas se dio la orden de bloqueo, Musk creó en su plataforma la cuenta Alexandre Files –una estrategia que ya habíamos visto antes con los Twitter Files–. “Hoy, comenzamos a arrojar luz sobre los abusos de la ley brasileña cometidos por Alexandre de Moraes”, –dice el tuit fijado en el perfil–. “Una justicia secreta no es justicia en absoluto. Hoy decimos que eso debe cambiar”.
Saltándose los procesos habituales internos que las plataformas tienen para tramitar procesos judiciales y policiales con Estados, los cuales Musk desmontó cuando llegó, X en defensa propia es un megáfono planetario en el auditorio de la opinión pública; es una bazuca para abrirse paso en este nuevo viejo oeste. Musk siempre tuvo tuits para descalificar a De Moraes –al que llama un “dictador brutal”–. Pero esto es otra cosa. Poner al fenecido Twitter en función de su causa contra un país es un riesgo nuclear.
Las órdenes de remoción y suspensión que X se niega a cumplir en Brasil son acatadas con docilidad en India o Turquía. Para Musk, los autoritarismos son problemáticos en función de las amistades y los intereses de Tesla y sus demás negocios. En nuestro vecindario, le muestra los dientes al magistrado de una Corte; en otro, le bate la cola a Recep Tayyib Erdogan.
Las decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasil en el expediente X son cuestionables en diferente medida en términos de proporcionalidad, debido proceso y libertad de expresión. Como lo analizaron hace unos días varios colegas, hay puntos por discutir alrededor del bloqueo generalizado, la prohibición de uso de VPN, las multas y las restricciones a tiendas de aplicaciones y operadores. Igualmente polémico es el embargo de más de tres millones de dólares en las cuentas bancarias de X y Starlink –la firma de internet satelital de Musk– en Brasil. No obstante, hay cierto consenso sobre la legitimidad y necesidad de que la justicia brasileña actúe.
La línea ética que Musk corrió agrieta aún más la endeble gobernanza de las redes sociales. Si antes de esto, cuando el debate se centraba en principios, leyes y autorregulación, el reto era titánico, ahora parece una ecuación imposible. Siempre tuvimos a los redentores digitales de Silicon Valley, pero en esta dimensión X el camino está pavimentado para el populismo y el cinismo, alejados de cualquier agenda razonable sobre jurisdicciones nacionales, plataformas y poder político. Para no ir lejos, Mark Zuckerberg dijo esta semana que haberle prestado tanta atención a la presión pública por los problemas de Meta ha sido un “error de cálculo político de veinte años”.
La última vez que el presidente Lula publicó en X fue el 30 de agosto, un día antes del apagón judicial. Bolsonaro también quedó en pausa ese viernes, después de compartir varios videos de sus manifestaciones multitudinarias en Paraná. X tiene cerca de 22 millones de usuarios en Brasil. Algunos cientos de miles estarán accediendo mediante conexiones privadas de VPN, pero muchos otros están migrando a alternativas como Bluesky o Threads.
El efecto de red de X es robusto, pero el bloqueo es una gota de agua que con el tiempo puede romper el dique. De momento, el 51% de los brasileños están en desacuerdo con la decisión de Alexandre de Moraes y el 48% la apoya. Y, de momento, Elon Musk no parece tener afán. Es el centro de la controversia que, más allá de las fronteras de Brasil, ocurre debajo de su carpa.
Abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en Media and Communication Governance del London School of Economics. Exdirector de políticas públicas de Twitter para América Latina Hispanohablante; exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa. Integrante del consejo asesor en seguridad y confianza de TikTok en América Latina. Actualmente es Director Ejecutivo de Linterna Verde y productor de contenido de opinión y análisis.