Esperanza Gómez vs. Instagram: un caso clave llega a la Corte

La Corte Constitucional colombiana tiene en sus manos un caso que podría sentar un precedente muy importante sobre la actividad de influenciadores en redes sociales y la libertad de expresión en línea. El origen es la disputa judicial que Esperanza Gómez, la actriz de la industria de contenido para adultos, ha librado para recuperar su cuenta de Instagram.

En noviembre de 2021, Gómez fue suspendida permanentemente de Instagram por incumplir, según la compañía, las políticas de servicios sexuales. Estas prohíben la promoción de la prostitución y otras actividades relacionadas con el comercio sexual en la plataforma. 

De acuerdo con lo que Esperanza Gómez ha manifestado ante jueces y distintos medios de comunicación, el contenido que publicaba en su cuenta no estaba necesariamente ligado a su oficio ni usaba ese espacio para promover servicios sexuales. Al igual que muchas otras influenciadoras, subía imágenes en ropa interior y utilizaba su cuenta –donde tenía más de 5.7 millones de seguidores– para promover distintas marcas que la contrataban. 

Aunque Esperanza Gómez siguió el proceso interno de apelación y se contactó en diversas ocasiones con la compañía, nunca obtuvo una respuesta. Al final, resolvió presentar una acción de tutela, un mecanismo judicial expedito que en Colombia permite proteger derechos fundamentales de manera preferente. De acuerdo con la demanda, la sanción de Instagram le causó graves pérdidas económicas y afectó sus derechos a la libertad de expresión, el trabajo y la igualdad.

Luego de que dos jueces negaron sus pretensiones, el expediente llegó a la Corte Constitucional y fue seleccionado para revisión. Para evaluar el caso, que incluye asuntos como moderación de contenidos, género, derecho al trabajo en redes sociales y manejo e infraestructura de Internet, el pasado 15 de noviembre la corporación llevó a cabo una sesión técnica para escuchar las opiniones de un grupo de expertos de la sociedad civil, académicos y representantes de compañías de internet, además de las de la propia actriz y sus accionados: Facebook Colombia, la filial de la compañía en el país y Meta Platforms, que no se presentó. 

El caso de Esperanza Gómez pone de presente algunas de las principales tensiones de la actividad de los creadores en redes y los procesos de las plataformas para atender a sus usuarios. En la audiencia, la actriz señaló la falta de consistencia de las políticas de Meta, que se le aplicaron de manera más estricta que otra clase de creadoras de contenidos, quienes divulgan contenido similar sin inconvenientes. 

Gómez ha planteado su situación como una persecución. Según dice, no se castiga su contenido sino su oficio. Algo similar expresó hace unos meses Pornhub, una de las páginas de pornografía más grandes del mundo, que al perder definitivamente su cuenta de Instagram publicó una carta en la que denunciaba la manera “opaca, discriminatoria e hipócrita” en la que la compañía aplicaba sus políticas.

Al igual que todas las redes sociales, Instagram tiene la potestad de crear normas para regular el comportamiento de sus usuarios. Sin embargo, como espacio para el ejercicio de derechos en línea, las plataformas deben respetar ciertos estándares de derechos humanos, como lo señaló Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, en la sesión convocada por la Corte.

La presión de la sociedad civil y de la academia, así como las crisis de reputación derivadas de escándalos en los últimos años, han llevado a que las plataformas tengan compromisos cada vez más claros con la defensa de los derechos humanos, como es el caso de informes de transparencia, evaluaciones de impacto de su actividad, y auditorías externas sobre sus decisiones en ciertos países en conflicto. En el caso de Meta, este compromiso está incluso más presente con la creación del Consejo asesor de contenidos, una especie de Corte Suprema que resuelve casos de moderación de contenidos a la luz de las normas comunitarias y los tratados internacionales de derechos humanos, señaló Botero. 

En cuanto a las redes sociales como espacios de trabajo, la Corte deberá decidir de qué manera se desarrollan las relaciones laborales y se garantizan las libertades de quienes encuentran en las plataformas una vitrina para ofrecer sus propios productos o visibilizar los de otras marcas. Colombia, como la mayoría de países del mundo, carece de una legislación que proteja el oficio de los creadores de contenido. La decisión de la Corte puede ser un primer paso para fijar algunos estándares y aclarar conceptos.

Para José Luciano Sanín, director del conglomerado de organizaciones de la sociedad civil Viva la Ciudadanía, es claro que las plataformas no son empleadoras de los usuarios, pero las actividades comerciales de los creadores de contenido dan lugar a unos derechos laborales relacionados, como la libertad de trabajo. En este sentido, cualquier decisión, en especial una tan grave como el cierre permanente de una cuenta, puede ocasionar un daño grave a los usuarios, que pierden, en ocasiones por completo, la posibilidad de obtener un ingreso.

Sobre este punto, Carlos Cortés, cofundador de Linterna Verde, aseguró que al crear valor para las plataformas y construir comunidades en esos espacios, los influenciadores tienen expectativas económicas razonables que deben ser respetadas y garantizadas de alguna forma.

Por lo pronto, Meta, así como su filial Facebook Colombia, han procurado desligarse de cualquier responsabilidad relacionada con el caso. La sociedad que representa a la empresa de Mark Zuckerberg en el país ha argumentado que su actividad se limita a asuntos comerciales y que el manejo de Instagram, incluida la moderación de contenidos, le corresponde a Meta Platforms, la matriz en California. 

Este argumento, que ya han planteado las plataformas antes, fue desestimado en la sesión técnica por Francisco Reyes Villamizar, antiguo Superintendente de Sociedades, para quien la composición de la sociedad en el país le otorga responsabilidad a Facebook Colombia.

En algunas semanas o un par de meses deberá conocerse el fallo de la Corte, que no solo resolverá la situación de Esperanza Gómez, sino que establecerá parámetros para evaluar la constante tensión entre las reglas de las plataformas, los derechos humanos y la democratización del mundo digital. Así lo explicó al cierre de la sesión la magistrada Natalia Ángel Cabo, en cuyo despacho se encuentra el expediente de la actriz: “Nuestro rol como jueces es ayudar a construir una sociedad democrática donde se garanticen los derechos fundamentales tanto online como offline y nuestro esfuerzo está en tomar una decisión que responda a esos principios y valores constitucionales”. 

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