A comienzos de noviembre, el congresista colombiano Miguel Polo Polo publicó en sus redes sociales un video en el que tiraba en una bolsa de basura las botas de caucho que las madres de los civiles ejecutados extrajudicialmente por la fuerza pública –conocidos como ‘falsos positivos en Colombia– habían instalado en el Congreso a manera de protesta y conmemoración artística.
“¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la plaza Rafael Nuñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos?”, se pregunta el representante a la Cámara en el video. Según dice, el acto de retirar las botas está justificado porque las instituciones colombianas no habían logrado dar los nombres de las 6.402 víctimas de los ‘falsos positivos’, una cifra incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad.
Para Jacqueline Castillo, vocera de la organización Madres de Falsos Positivos –Mafapo– el acto no solo fue una afrenta al dolor de las víctimas, sino parte de “un discurso negacionista en el que quieren plantear que la cifra 6.402 es un invento”, como aseguró al diario El Espectador. En su opinión, este tipo de controversias tienen el objetivo de restar gravedad a los crímenes.
La disputa sobre el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales no es nueva, pero el discurso que busca controvertirlo –como estrategia para desestimar del todo la ocurrencia de estos hechos sistemáticos– ha escalado en los últimos meses. En septiembre pasado, el tuitero Ariel Ricardo Armel publicó en X la respuesta a un derecho de petición en el que le preguntó a la Jurisdicción Especial de Paz –el tribunal de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz de 2016– si tenía en su poder 6.402 expedientes relacionados con ‘falsos positivos’. En su respuesta, el organismo indicó que la cifra correspondía a un “universo provisional de hechos” y que por tanto no existían expedientes individuales para cada caso. Sin embargo, aclaró que se trataba de información registrada en bases de datos de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Pese a la explicación, la afirmación de que no había tal cantidad de expedientes fue explotada para divulgar la idea de que el tribunal no reconocía que hubiera ese número de víctimas. A partir de la publicación de Armel, otros usuarios calificaron la cifra de 6.402 como una mentira o un mito.
De acuerdo con una verificación de ColombiaCheck, algunas de estas publicaciones acumularon más de 500.000 visualizaciones en X y migraron a otras plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.
En respuesta a esta nueva ola de comentarios negacionistas, la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica rechazaron la estigmatización contra las víctimas y aclararon que, mediante distintas imputaciones y los testimonios de 104 responsables, se había probado que efectivamente existió una política dentro del Ejército que entre 2002 y 2008 llevó a se presentaran 6.402 asesinatos y desapariciones.
Tanto X, como TikTok, YouTube y las plataformas de Meta prohíben los contenidos que nieguen la ocurrencia de eventos violentos comprobados o que acosen a las víctimas al minimizar sus tragedias o burlarse de ellas.
Aunque las políticas de las plataformas tienen un alcance global, su enfoque muchas veces responde a contextos específicos. En el caso de este tipo de reglas, muchas de ellas están pensadas directamente para conversaciones sobre el Holocausto o los tiroteos masivos en Estados Unidos.
Sin embargo, su concepción presenta vacíos frente a eventos familiares para el contexto de América Latina, como el terrorismo de Estado, las dictaduras militares o los conflictos armados, respecto a los cuales se han desarrollado procesos de memoria histórica y establecido mecanismos institucionales de verdad y reparación.
A pesar de que muchas de las publicaciones alrededor de la cifra de los ‘falsos positivos’ en Colombia incumplen algunas de las políticas de las plataformas, como acusar a las víctimas de estar contratadas y negar su experiencia, no se conocen sanciones para casos como éste u otros en la región. Tampoco está claro el si el retiro de este contenido sería el remedio adecuado, toda vez que podría terminar amplificando de manera indirecta este tipo de narrativas.
En marzo de este año, observamos cómo en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, miles de publicaciones utilizaron los hashtags #NoFueron30000 y #NoFueronInocentes para cuestionar las cifras de víctimas de la última dictadura militar en ese país, relativizar las muertes y desapariciones o incluso justificar estos eventos. Como parte de la conversación, también fueron atacadas las madres y abuelas de mayo, a quienes se señaló como familiares de terroristas.
Por su parte, el año pasado en Chile, a raíz del aniversario número 50 del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, se empezaron a discutir los eventos de la dictadura. De acuerdo con un reportaje de FactCheck, la figura de Agusto Pinochet estaba siendo glorificada en TikTok, lo que habría paso a contenidos negacionistas sobre las violaciones a derechos humanos cometidos durante ese periodo histórico.
Para que se apliquen las reglas de las plataformas respecto a contenidos negacionistas hace falta una sólida base de contexto con el que los moderadores no siempre cuentan. Pero más allá de eso, en algunos casos, como el de X, la decisión de no hacerlas cumplir es notoria. Por citar un hecho diciente, en diciembre del año pasado Elon Musk, dueño de la plataforma, restableció la cuenta de Alex Jones, quien para entonces ya había sido condenado por difamar a las víctimas del tiroteo de la escuela de Sandy Hook, cuya ocurrencia presentó durante años como una puesta en escena.