Tomarle el pulso a la conversación pública en línea es armar un rompecabezas de tamaño indefinido y sin imagen de referencia. No sabemos qué vamos a ver ni tenemos todos los instrumentos para verlo. Juntamos figuras de tamaños y formas disímiles, descubrimos respuestas mientras avanzamos a ciegas. Con el paso del tiempo, el reto se vuelve monumental: la entropía de la discusión aumenta, pero tenemos menos fichas para entenderla. Ya no es un rompecabezas sino un laberinto cerrado.
En mayo de este año, varias organizaciones de la sociedad civil le enviaron una carta de protesta a Mark Zuckerberg, presidente de Meta. La empresa sombrilla de Facebook, Instagram y Whatsapp, había decidido cerrar Crowdtangle, la herramienta de análisis para explorar contenido público en sus redes sociales. “Este obstáculo representa un riesgo grave para los esfuerzos de los grupos de derechos civiles, activistas, periodistas y funcionarios electorales para identificar y mitigar la desinformación política, las incitaciones a la violencia y el acoso en línea a comunidades vulnerables”, escribieron.
Meta reemplazó Crowdtangle por la Biblioteca de Contenidos, una herramienta con capacidades mucho más limitadas, mayores restricciones en el uso de datos y pocas funcionalidades de búsqueda. Aún así, todas las organizaciones –incluyendo Linterna Verde– solicitamos acceso. En nuestro caso, pasamos seis meses navegando sin éxito la burocracia de requisitos. Solo hasta que la ‘Corte Suprema’ de Meta –el Oversight Board– regañó a la empresa, el proceso se aceleró y llegaron las autorizaciones.
“Estamos ante una desigualdad que no es nueva, un colonialismo de datos que se reescribe en la historia”, comentó Fernanda Martins, directora de investigación de la organización brasileña InternetLab, en una conversación que tuvimos sobre el tema (vea en CHCH ‘La causa de los datos: plataformas e interés público’).
El acceso a la actividad y contenidos de los usuarios en las redes sociales está cada vez más limitado, transitando a paso firme hacia lo que expertos denominan el “apagón de datos”. Mientras Meta ofrece la API restringida (como se conocen estas interfaces de conexión entre aplicaciones), X tiene una versión gratuita básica y paquetes pagos; TikTok* lanzó un API para investigación de interés público, pero no está disponible en América Latina, y Linkedin prevé accesos a través de solicitudes directas. La excepción es Youtube, que con una API robusta se ha vuelto un oasis en medio del desierto de datos.
Más allá de eso, las API que ofrecen las plataformas están pensadas sobre todo para fines de mercadeo y ventas. Una organización de la sociedad civil puede optar por estas soluciones comerciales, una suscripción a aplicaciones propietarias desde las cuales se pueden extraer datos de las redes sociales. Sin embargo, el costo puede ser prohibitivo para el presupuesto de una ONG o un medio de comunicación: una herramienta de escucha social digital –como Talkwalker o Meltwater– cuesta entre once mil y catorce mil dólares anuales. Y, de cualquier forma, adquirir este servicio no garantiza un acceso pleno a datos de publicaciones, usuarios e interacciones. Enfrentamos una asimetría estructural en el acceso a este conocimiento.
En un esfuerzo por nivelar la cancha, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (conocida como DSA), prevé, entre otras, el acceso a los datos de las plataformas con fines de investigación de interés público. El alcance está limitado a que contribuya a “la detección, identificación y comprensión de los riesgos sistémicos en la Unión Europea”. Es necesario ser un centro de investigación aprobado dentro de la jurisdicción europea y seguir un proceso para obtener los datos.
América Latina no está en esa foto. Medios de comunicación, ONG y centros de investigación miramos a la distancia el “efecto Bruselas”, que poco a poco impacta los estándares globales de las redes sociales; combinamos alternativas comerciales y soluciones propias, e intentamos mantener a flote un sector crítico para entender los dilemas de la integridad democrática y el espacio cívico en la región. ¿Cómo avanzar esta agenda?
Abordar esta pregunta fue el propósito de un encuentro que convocó Linterna Verde –con el apoyo de Luminate y la Embajada de Canadá– la semana pasada en Bogotá con un grupo de periodistas, investigadores y activistas de Colombia, Brasil, Argentina y México. Con la idea de estructurar una hoja de ruta, nos enfocamos en tres frentes de este reto: colaboración y alianzas, innovación y tecnología, y regulación y ética.
La causa de los datos implica articular un espacio común entre organizaciones, conectarnos con la exigencia global de transparencia y fomentar el desarrollo de herramientas pensadas para la investigación social (como es el caso de Junkipedia). Para empezar, debemos entender mejor cuál es nuestra demanda de datos, para qué los necesitamos y qué efecto buscamos. El monitoreo del debate digital entraña la tentación constante de fetichizar las métricas, que despojadas de contexto y análisis sirven de poco. En palabras de Víctor Hugo Ábrego de Signa Lab México, con quien también conversé, “mientras más grande sea el número, más grande es lo que no nos dice el número”.
Este esfuerzo debe ser también un lugar para insistir en la aspiración de tener espacios digitales públicos, por más idealista que parezca. Como explica la académica norteamericana Julie Cohen, “las infraestructuras de comunicación basadas en plataformas están inclinando a las sociedades humanas lejos de los equilibrios democráticos, sin duda imperfectos”, hacia formas de interacción social que alientan la enemistad tribal, la desconfianza y el conspiracionismo.
La causa de los datos pasa también por que el debate democrático deje de depender de la voluntad de plataformas privadas. Sin alternativas de naturaleza y vocación pública, seguiremos en manos de las amas de llaves de los centros comerciales.
Abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en Media and Communication Governance del London School of Economics. Exdirector de políticas públicas de Twitter para América Latina Hispanohablante; exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa. Actualmente es Director Ejecutivo de Linterna Verde y productor de contenido de opinión y análisis.
*Carlos es integrante del consejo asesor en seguridad y confianza de TikTok en América Latina.