Las plataformas sacan su artillería para frenar la regulación en Brasil

La semana pasada el buscador de Google lucía distinto en Brasil. No se trataba de una falla ni de un doodle, sino de una advertencia contra un proyecto de regulación de plataformas digitales en ese país. Bajo la barra de búsqueda, algunos usuarios se encontraron con dos mensajes alarmantes que a la vez dirigían a blogs de la compañía:  “El proyecto de ley de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil” y “El proyecto de ley de las fake news puede empeorar su Internet”.

La ofensiva de Google, a la que se han sumado otras plataformas digitales como Telegram y Meta, se refiere al proyecto de ley 2630, una iniciativa de regulación que a pesar del sobrenombre que se le ha puesto en la discusión pública —de fake news— va mucho más allá de la lucha contra la desinformación en línea.

El proyecto, cuya primera versión fue aprobada por el Senado en 2020, busca obligar a las plataformas digitales a presentar deberes de transparencia, adelantar evaluaciones de riesgo sobre sus actividades y ofrecer garantías al debido proceso en línea. De acuerdo con la coalición Direitos Na Rede, que reúne a más de cincuenta organizaciones en defensa de los derechos digitales en Brasil, el proyecto —ahora en manos de la Cámara de Diputados— pretende otorgar más poder a los usuarios, quienes contarán con información y recursos suficientes para defender su libertad de expresión en línea en caso de que sean sancionados.

La discusión sobre la responsabilidad de las plataformas aumentó en Brasil tras los sucesos del 8 de enero, cuando manifestantes de la oposición, coordinados a través de redes sociales, invadieron la sede del Congreso y otros edificios estatales en Brasilia alegando fraude en las últimas elecciones presidenciales.

El proyecto implica alterar el Marco Civil de Internet, que actualmente solo hace responsables a las plataformas por el contenido de terceros cuando se trata de desnudos no consensuados y de infracciones al derecho de autor. Según el documento, la inmunidad general que tienen las compañías también debería exceptuarse cuando se trate de otros contenidos, como los relacionados con terrorismo, discriminación racial o los que atenten contra el Estado democrático, sobre los que las plataformas tendrían un “deber de cuidado”. En caso de que las compañías falten a ese deber de manera sistemática, podrían enfrentarse a multas.

En el camino a su aprobación el proyecto ha sufrido cambios sustanciales. En una versión anterior, el texto establecía la creación de un órgano encargado de la supervisión de las obligaciones y de la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Sin embargo, la figura dio lugar a una interpretación según la cual el proyecto instauraría un “Ministerio de la Verdad”, una entidad oficial de censura que encargada de controlar el discurso público. Dadas las presiones, esta iniciativa fue retirada, dejando en el aire la ejecución de la ley.

Ante el contexto de las últimas semanas, en el que las críticas de la oposición y de las plataformas ha alcanzado niveles de convulsión, la sociedad civil brasileña ha salido en defensa del proyecto, resaltando la importancia de discutir mecanismos plurales y democráticos para regular a las compañías de tecnología. Aunque los esfuerzos parecen centrarse en continuar con los debates en el Congreso e impedir que el proyecto se hunda, las organizaciones también han expresado sus reparos frente a algunas disposiciones.

Es el caso de la inmunidad parlamentaria que establece el texto, según la cual el discurso de congresistas estaría especialmente protegido en línea. Para algunos, esta prerrogativa podría profundizar el fenómeno de la desinformación en el país. Además, según advierte la coalición Direitos Na Rede, algunas voces conservadoras, bajo la fachada de la libertad de religión, podrían fomentar discursos discriminatorios contra personas LGBTIQ+. 

Otro de los puntos difíciles del proyecto, que en parte motivó la reacción de las compañías de tecnología, es un artículo que prevé la posibilidad de que las plataformas remuneren a los medios de comunicación por sus contenidos. El proyecto no establecía un modelo en concreto, pero dejaba abierta la puerta para una negociación en el futuro. Según dijo Google —en uno de los blogs a los que remitían sus advertencias en el motor de búsqueda— una medida de este corte solo agudizaría la desinformación en el país, pues sin una distinción suficiente las empresas se verían obligadas a destinar recursos no solo a medios fiables sino también a portales dedicados a fabricar noticias falsas.

La respuesta de las plataformas al llamado proyecto de las fake news se asemeja a la que han tenido frente a iniciativas de regulación en otras partes del mundo. En febrero de este año, luego de que la Cámara de los Comunes de Canadá aprobara una remuneración a medios por parte de las plataformas, Google limitó durante cinco semanas el acceso a noticias a través de su buscador, afectando a más de un millón de usuarios. De igual forma, en marzo pasado, mientras el Parlamento de Australia discutía una norma análoga, Meta bloqueó la posibilidad de que los usuarios de sus plataformas accedieran o compartieran artículos periodísticos en ese país.

En el caso de Brasil, las autoridades respondieron con amenazas de sanciones. La semana pasada, el ministro de Justicia Flávio Dino le ordenó a Google retirar sus críticas al proyecto de ley, que calificó como una campaña de publicidad engañosa para manipular el debate público. Por su parte, el martes 10 el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó que Telegram eliminara y se retractara de un mensaje enviado a través de su plataforma en el que aseguraba que el proyecto de ley terminaría con la libertad de expresión en el país.

En los últimos días el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, acordó con los líderes de los principales partidos eliminar del proyecto el artículo sobre la remuneración a empresas periodísticas. La votación en el parlamento, que estaba prevista para el pasado 2 de mayo, tuvo que ser aplazada ante las críticas y el ambiente desfavorable para su aprobación.

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