Un proyecto en Brasil busca que las plataformas financien al periodismo
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Las redes sociales y el periodismo tienen un matrimonio difícil. En tiempos de crisis, los clics y reproducciones de muchos medios de comunicación aumentan, pero las suscripciones pagas y la publicidad no siguen el mismo rumbo. La concentración del mercado publicitario en las plataformas, la descentralización del ecosistema de contenidos y los cambios en los hábitos de consumo, entre otras, tienen al periodismo enfrentando un dilema existencial.
Un proyecto de ley discutido la semana pasada en la Cámara de Diputados de Brasil pretende establecer una compensación de las redes sociales a los medios de comunicación. Según el texto presentado por el diputado Elmar Nascimento, las plataformas con más de dos millones de usuarios en ese país deberán pagar a los medios de comunicación por el uso de contenidos periodísticos en sus plataformas.
La propuesta hace parte de una iniciativa que busca actualizar las normas de derechos de autor en Brasil. No obstante, anteriormente estuvo incluida en el el llamado “proyecto de ley de las fake news”, otra iniciativa actualmente en trámite para regular a las plataformas de redes sociales.
La medida podría beneficiar a personas jurídicas con al menos un año de existencia que produzcan contenido periodístico de manera original, regular, organizada y profesional y que mantengan una dirección física y un editor en Brasil. Según el texto, los contenidos periodísticos serían aquellos que traten de hechos, opiniones y acontecimientos de interés público, independientemente de cuál sea su formato. El proyecto prohíbe que las compañías de redes sociales eliminen contenidos periodísticos con el propósito de exonerarse del pago.
La coalición Direitos Na Rede, que reúne a más de cincuenta organizaciones en defensa de los derechos digitales en Brasil, ha defendido el proyecto como una forma de financiar el periodismo. Sin embargo, llamó la atención sobre la necesidad de que la remuneración llegue a medios independientes, organizaciones públicas y sin ánimo de lucro.
El pago podrá ser pactado entre las plataformas y los medios de comunicación, con la posibilidad de establecer negociaciones colectivas. Para fijarlo, se tendrá en cuenta el volumen del contenido, el alcance de las publicaciones y la inversión de los medios, teniendo como referencia el número de periodistas que tengan contratados.
Para Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, estos criterios podrían ser contraproducentes, pues la manera en la que están planteados favorecería en mayor medida a los grandes conglomerados de noticias, mientras que proyectos alternativos, con audiencias más específicas y equipos de trabajo reducidos recibirían una porción menor.
Además, Barbosa señala la importancia de idear mecanismos para evitar que la norma termine por beneficiar la producción de contenidos desinformativos o de baja calidad. De momento, el proyecto de ley contempla como requisito que las publicaciones remuneradas observen “principios y valores de conducta” en la actividad periodística. Sin embargo, no está claro quién tendría la potestad de evaluar estos criterios.
En la última década, programas como el Google News Initiative o el Facebook Journalism Project han desembolsado cientos de millones de dólares a medios de todas partes del mundo a través de subvenciones, créditos de pauta, entrenamientos y donaciones. Si bien estas iniciativas han servido para financiar contenido de interés público, también alimentaron una relación asimétrica entre medios y plataformas.
Estos convenios dependen en últimas de las plataformas y no obedecen a una política pública de promoción del periodismo. Por otra parte, como lo expone una investigación de Charis Papaevangelou, en muchos casos están sujetos a acuerdos de confidencialidad con escasa transparencia frente a la opinión pública.
En los últimos meses, las compañías de redes sociales han respondido con fuerza a propuestas de remuneración a medios. Así ocurrió en Canadá con la Online News Act, que tras ser aprobada provocó que Meta restringiera el acceso a noticias en sus plataformas. A su vez, Google anunció que eliminaría los enlaces a medios de comunicación canadienses en los resultados de su motor de búsqueda y otros de sus productos. Reacciones del mismo corte se presentaron en Australia a comienzos de este año a raíz de la discusión de una norma análoga.
En mayo de este año, cuando se preparaba la discusión del “proyecto de ley de las fake news” en Brasil, las plataformas también desplegaron una operación de rechazo al intento de regulación, con mensajes de alarma en sus pantallas de inicio y en sus canales oficiales, lo que en su momento fue señalado por las autoridades brasileñas como una campaña de publicidad engañosa para manipular el debate público. En medio de ese clima tenso, se tomó la decisión de eliminar del proyecto el artículo sobre la remuneración a empresas periodísticas.
Por otras vías, en algunos países se ha propuesto la creación de impuestos o tasas para que las redes sociales financien de manera indirecta el periodismo y los contenidos de interés público. La discusión, sin embargo, se empantana por cuenta de la ambigüedad y riesgos de las normas propuestas, los intereses de los gobernantes de turno, la respuesta defensiva de las plataformas y la pérdida de confianza hacia los medios de comunicación masivos.
